Un gran jurado federal acusó a 52 sospechosos de integrar la organización criminal por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, distribución de drogas y violaciones a la ley de armas en al menos tres pueblos: San Juan, Morovis y Cataño.
Los imputados enfrentan además un decomiso por narcóticos de 12 millones 796 mil 800 dólares, según las autoridades federales de Estados Unidos en Puerto Rico.
“Gracias al gran trabajo de nuestros socios del orden público y de los fiscales, importantes líderes, gatilleros y otros miembros de esta violenta pandilla están siendo sacados de nuestras calles”, estableció Muldrow en rueda de prensa en la capital puertorriqueña.
El agente especial a cargo interino del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), Evan Martínez, indicó que “esta operación deja absolutamente claro que quienes escojan propagar la violencia y envenenar nuestras comunidades serán perseguidos y desmantelados sin descanso”.
En la acusación se establece que desde 2018 hasta el presente, la organización distribuyó cocaína, marihuana, heroína y fentanilo dentro de mil pies de los complejos de viviendas públicas Los Lirios, Jardines de Cataño, Juana Matos, El Coquí y Nemesio R. Canales, así como en áreas cercanas, con el objetivo de obtener beneficio económico y lucro.
El documento también indica que miembros de la ganga participaron en tiroteos y asesinatos en lugares públicos, utilizaron vehículos hurtados mediante el uso de armas de fuego y se comunicaban por radios, teléfonos celulares, mensajería instantánea y redes sociales.
Si son convictos por los cargos de drogas, los acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua, mientras que por los cargos de drogas y armas enfrentan una pena mínima obligatoria de 15 años y hasta cadena perpetua, mientras que los acusados imputados por posesión de ametralladoras se exponen a una pena obligatoria de 30 años de prisión, a cumplirse de manera consecutiva a cualquier sentencia por narcotráfico.
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