Son más de mil 100 personas cuyo destino se desconoce luego de ser capturados por agentes del Estado tras el golpe contra el presidente Salvador Allende y los años del régimen de Augusto Pinochet.
De acuerdo con el derecho internacional humanitario, la desaparición forzada es un delito que continúa cometiéndose hasta tener la certeza de lo ocurrido con la víctima o el hallazgo de sus restos.
Con el propósito de subsanar esta herida y que el Estado asuma su responsabilidad ante estos crímenes, el expresidente Gabriel Boric creó el plan de búsqueda justo cuando se cumplieron 50 años del asalto al Palacio de La Moneda.
Sin embargo, este martes el Ministerio de Justicia anunció el despido de varios funcionarios que ocupaban cargos de exclusiva confianza.
Son ellos la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano; la Coordinadora del área de Archivo e Investigación, Tamara Lagos, la de Búsqueda y Trayectorias, Magdalena Garcés, y el de Administración Judicial, Marcelo Orellana.
Aunque el actual titular de Justicia, Fernando Rabat, anunció que los sustitutos serán anunciados pronto y el programa continuará sus labores, hay escepticismo al respecto.
Según el diputado Gustavo Gatica, lo que costó avanzar tantos años hoy se desmanteló por una decisión política.
Hay en Chile consenso de la enorme importancia de los derechos humanos y de la tremenda deuda que tiene el Estado con las familias de los detenidos desaparecidos y la búsqueda de los mismos y ahora vemos señales equivocadas del gobierno, aseguró.
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