La iniciativa, acotó la cartera ministerial, hace parte del cumplimiento de la medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jineth Bedoya, una periodista que en mayo de 2000 fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual por paramilitares mientras realizaba una investigación sobre tráfico de armas y corrupción en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Según trascendió, el programa es liderado por el Ministerio de Justicia en articulación con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y está dirigido a funcionarios públicos, miembros de la fuerza pública y operadores de justicia en todo el país.

Su objetivo, recalcó la Cancillería, es promover una atención más efectiva, evitar la revictimización y garantizar avances en la investigación y protección de los afectados.

La presentación del programa ocurre justo cuando crecen en la nación las denuncias por parte de comunicadores de eventos de acoso y violencia, incluso dentro de sus propias redacciones.

Expuso asimismo la fuente que, de acuerdo con un estudio de la propia campaña y del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, cerca de seis de cada 10 mujeres periodistas sufrieron violencia de género en sus espacios laborales, mientras que aproximadamente el 78 por ciento conoce casos que afectaron a sus colegas.

“Estas violencias tienen efectos directos en el ejercicio periodístico y en la calidad del debate público: el 37 por ciento de las mujeres ha abandonado espacios laborales, el 24 por ciento ha dejado de cubrir temas y el 37 por ciento ha dejado de consultar fuentes”, subrayó la entidad.

Frente a este panorama, refirió, el programa busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional desde el primer contacto con las víctimas, con la promoción de acciones coordinadas, oportunas y centradas en la protección de la vida y los derechos.

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