Los diputados reunidos en la Comisión de Gobierno, deberán luego en el pleno sustentar las evaluaciones de los aspirantes, entre ellos el actual Ombudsman, Eduardo Leblanc.

El nuevo defensor del Pueblo dirigirá la entidad para el periodo 2026-2033.

Durante las entrevistas, varios de los aspirantes coincidieron en la importancia de garantizar la autonomía de la institución.

Las preguntas formuladas por los diputados giran en torno a posibles aspiraciones políticas, trayectoria en el sector público, eventuales conflictos de interés, Derechos Humanos y las propuestas de trabajo en caso de asumir el cargo.

Asimismo, abordaron el mecanismo de designación del defensor adjunto, una facultad que corresponde a quien ocupe el cargo principal, aunque su nombramiento es ratificado por el Legislativo.

Una vez concluyan las entrevistas, se prevé la elaboración de un informe que será remitido al Pleno, donde los diputados deberán escoger a los candidatos que participarán en la votación final.

Entre los aspirantes que contarían con apoyo desde el Ejecutivo, están la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo y Gina Correa, esta última sobrina de la gobernadora Mayín Correa y directora de Documentación del parlamento, aseguran medios como el canal de noticias TVN.

En el istmo, el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales de Derechos Humanos y su principal función es procurar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, a través de la fiscalización de las funciones de las instituciones de gobierno.

Sobre este proceso colectivos ambientales y de derechos humanos señalaron que el país necesita una institución que actúe como un verdadero espacio de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, y que mantenga autonomía frente a intereses políticos o económicos.

Las agrupaciones destacaron que ese funcionario debe representar “la voz de los sin voz” y convertirse en una figura capaz de exigir a la administración el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Las agrupaciones consideran indispensable que el proceso de selección incluya un escrutinio público riguroso y la participación de la sociedad civil, en línea con los estándares internacionales.

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, para ocupar el cargo se requiere ser panameño por nacimiento, tener al menos 35 años de edad, estar en pleno goce de derechos civiles y políticos y poseer título universitario, preferiblemente en Derecho y Ciencias Políticas.

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