Militantes del partido Unidad Popular se movilizaron este miércoles hacia la institución, en el norte de Quito, en rechazo a la decisión de avanzar en el proceso para proscribirlos con el argumento de que carecen del número de afiliados necesarios.

Geovanni Atarihuana, director del partido, llegó al organismo electoral con decenas de carpetas que respaldarían las 206 mil firmas de sus afiliados.

Atarihuana manifestó que, desde hace 15 días, solicitaron al CNE que le entregue las cartas de desafiliación con las cuales se sustenta la proscripción de Unidad Popular, sin embargo, no ha tenido respuesta.

“Con nuestro equipo jurídico hemos hecho los cálculos sobre el tiempo; no se van a salir con la suya. Somos la oposición popular en las calles y vamos a estar en las elecciones de 2026, y tendremos la victoria”, acotó Natasha Rojas, integrante de esa organización.

Luego, en la tarde, colectivos de mujeres realizaron un plantón en los exteriores del CNE y exigieron la salida de Diana Atamaint, titular del organismo.

Las manifestantes portaban carteles que calificaban como fraude las más recientes decisiones y acusaron al CNE de actuar en beneficio del Ejecutivo.

La semana pasada el ente electoral decidió adelantar para el 29 de noviembre los previstos inicialmente para febrero de 2027 bajo el argumento de riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

Atamaint defendió la resolución y sostuvo que se adoptó con base en informes técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, aunque expertos afirman que es imposible preveer el impacto de las lluvias el próximo año.

El nuevo escenario complica especialmente a movimientos de oposición como la Revolución Ciudadana (RC), que enfrenta una suspensión de nueve meses, y a organizaciones como Construye y Unidad Popular, que están en proceso de cancelación del registro electoral.

Ante esta situación, dirigentes de la RC han llamado a sus posibles candidatos a desafiliarse para poder participar por otras organizaciones, en cumplimiento de los plazos legales.

En los venideros sufragios los ecuatorianos deberán elegir prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales, así como los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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