En un dictamen divulgado este jueves, el organismo de control constitucional determinó que el convenio es compatible con la Carta Magna siempre que se haga la modificación a una cláusula para impedir que tribunales internacionales se pronuncien sobre disputas contractuales.

La Corte exige una “exclusión expresa que establezca de manera inequívoca que el tribunal arbitral no podrá conocer controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

Ese punto fue el más cuestionado del acuerdo bilateral, suscrito el 6 de diciembre de 2025 en Abu Dabi por el presidente Daniel Noboa.

De acuerdo con el Ejecutivo, el pacto busca promover y proteger las inversiones recíprocas, fortalecer las relaciones económicas entre ambos países y crear condiciones estables y transparentes para el flujo de capital.

En una primera decisión, el pasado 5 de marzo, la Corte determinó que el convenio necesitaba también la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento).

No obstante, es necesario realizar primero la modificación, que el texto regrese a la Corte Constitucional para una nueva verificación, y luego podrá continuar su trámite en el Legislativo.

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