La diligencia está prevista para esta tarde en una unidad judicial de la provincia costera de Santa Elena y constituye un nuevo intento de sus abogados para que el político acceda a atención médica tras el rechazo de un recurso similar en diciembre de 2025.

El juez a cargo deberá analizar informes remitidos por distintas instituciones estatales, entre ellas el servicio penitenciario, sobre el estado de salud del exfuncionario, las condiciones de su encierro y la atención que recibe dentro del sistema carcelario.

El recurso legal presentado no cuestiona las sentencias, sino las condiciones en las que se ejecuta la privación de libertad.

La abogada Sonia Vera, integrante de su equipo de defensa internacional, advirtió que el exfuncionario enfrenta un deterioro progresivo de salud y que existe un riesgo grave derivado de su estado nutricional.

“Lo estoy viendo morir”, afirmó en un video publicado en la plataforma X, donde señaló que informes médicos reportan una pérdida de nueve kilos en tres meses y el incumplimiento de una dieta prescrita.

Según la defensa, el exvicepresidente requiere tratamiento constante con múltiples medicamentos y presenta un cuadro psiquiátrico complejo, mientras denuncia limitaciones para evaluaciones médicas completas y restricciones en las visitas familiares y el acceso a sus abogados.

“No estamos pidiendo un privilegio ni impunidad, pedimos que no lo dejen morir de hambre”, agregó la jurista.

El exvicepresidente ya había presentado un hábeas corpus en diciembre de 2025 en el que denunció presuntos malos tratos y afectaciones a su salud, pero el recurso fue negado.

Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, desde el 10 de noviembre, tras ser trasladado desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Su defensa informó que cumplió las condenas impuestas en los casos Odebrecht y Sobornos el 2 de octubre de 2025, sin embargo, continúa detenido por el proceso denominado Reconstrucción de Manabí, cuya sentencia escrita de primera instancia fue notificada seis meses después y eso vulneró garantías del debido proceso.

El exvicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024.

Ese día, policías entraron violentamente y sin autorización en la legación diplomática y lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Vera enfatizó que la situación de Glas se enmarca en una prolongada persecución política caracterizada por el uso arbitrario del sistema penal.

Según la jurista, es el único ciudadano ecuatoriano que cuenta con 10 pronunciamientos de organismos internacionales a su favor, que coinciden en señalar la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.

ro/avr