La medida está vigente por 60 días para los territorios de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha (donde se encuentra la capital del país), Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

También se aplicará en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

La decisión implica suspender los derechos a la inviolabidad de domicilio y de correspondencia en las mencionadas demarcaciones, aunque no incluye toque de queda, según el Decreto Ejecutivo 353.

El documento autoriza a la fuerza pública a realizar allanamientos e intervenciones de comunicación cuando existan indicios de presencia de grupos armados, delincuencia organizada, armas, explosivos u otros elementos que puedan constituir delitos o amenazar la seguridad.

Además, el mandatario dispone el empleo coordinado de Fuerzas Armadas y Policía Nacional con el objetivo de mantener el orden público, proteger a la población y prevenir actividades delictivas que afecten derechos y libertades ciudadanas.

El decreto cita un informe reservado del Centro Nacional de Inteligencia que señala cómo la violencia no se distribuye de manera uniforme a nivel nacional, sino que se concentra en determinadas regiones, como las provincias y cantones mencionados.

Asimismo, advierte que la situación configura un escenario nacional de violencia armada estructural y persistente, que supera las capacidades del Estado bajo un régimen ordinario.

Algunas de las provincias incluidas en el nuevo decreto de estado de excepción llevan más de un año bajo ese criterio.

Ecuador registró en 2025 la mayor cantidad de muertes violentas de su historia, con más de nueve mil, según los datos oficiales, aunque el Gobierno asegura que en el inicio de 2026 se han reducido en hasta 30 por ciento.

En 2024, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, categoría bajo la cual permitió a los militares sumarse a las acciones de seguridad interna.

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas advirtió sobre la creciente militarización de la seguridad pública en Ecuador y el uso reiterado de estados de excepción, e instó al país a limitar estas medidas y garantizar respeto a los derechos.

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