“Es desolador que la ONU se preste a maniobras que facilitan el injerencismo y la implantación de la Doctrina Monroe por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien usa cualquier pretexto para alentar la intervención militar de Washington en nuestro país”, aseveró.

A través de un editorial titulado “CED: solicitud improcedente”, el prestigioso medio de prensa cuestionó la determinación del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de pedir llevar la situación de ese flagelo en México a la Asamblea General.

En opinión del rotativo, lo deplorable de este “golpeteo diplomático” estriba en que resta credibilidad al sistema de Naciones Unidas cuando el organismo más necesita recobrar protagonismo frente al ascenso del totalitarismo en Estados Unidos e Israel.

También ante el regreso del armamentismo en Europa en general y Alemania en particular; el auge del negacionismo climático; el desmantelamiento de la libertad de expresión en Occidente; la recesión global que Washington está gestando en el golfo Pérsico, entre otras crisis.

“Cabe esperar que (el secretario general de la ONU, António) Guterres tenga la sensatez para rehusarse a participar en este juego perverso y que, por el contrario, enfoque los esfuerzos del organismo en asuntos como los referidos”, apuntó La Jornada.

En su decisión, el Comité consideró que dispone de “indicios bien fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad; es decir, con apoyo directo o indirecto “de actores estatales”.

No obstante, señala el rotativo, al mismo tiempo el órgano precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas –ya sea mediante acción u omisión deliberada- en el sentido del Estatuto de Roma, un matiz que catalogó como muy relevante.

Mencionó que dicho código provee una definición muy acotada de la desaparición forzada: “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia”.

La Jornada señaló que el Estatuto es muy claro: para el derecho internacional, sólo puede clasificarse como desaparición forzada un acto perpetrado por el Estado, aunque sus grados de participación varíen.

“Al admitir que no se cumple esta condición, quienes pretenden someter a México a una tutela externa generan una fuerte sospecha de que detrás de la solicitud hay intenciones e intereses que no se atreven a hacer públicos”, añadió.

A su juicio, también se deja ver la tendencia ya exhibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de movilizarse “para golpetear a las administraciones progresistas por actos de violencia de Estado ocurridos en el período neoliberal”.

Ayer el Gobierno rechazó el mencionado informe, calificó el documento de tendencioso y subrayó que omite avances contra ese flagelo desde 2018.

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