En un comunicado, los relatores especiales señalaron que la normativa establece un régimen discriminatorio de pena capital y viola las obligaciones de Tel Aviv en virtud del derecho internacional.
“Condenamos la aprobación de esa ley por parte de la Knesset (poder legislativo) y pedimos su derogación inmediata”, afirmaron y alertaron que supone una “grave escalada en la opresión discriminatoria de los palestinos por parte de Israel”.
Además, la consideraron incompatible con el derecho a la vida y a la igualdad.
Recordaron que la Corte Internacional de Justicia determinó que la legislación y las medidas de Israel en el territorio palestino ocupado violan la prohibición de la segregación racial y el apartheid, y que, en ese contexto, un sistema de pena capital no puede considerarse lícito.
Aspectos de la norma como los juicios militares a civiles, las violaciones sistemáticas del debido proceso y la ejecución por ahorcamiento, la hacen irreconciliable con la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, apuntaron.
Israel debe derogarla inmediatamente y abstenerse de aplicarla. Instamos al Tribunal Supremo a invalidar esa decisión ilegal antes de que cause un daño irreversible y consolide aún más la discriminación, la arbitrariedad y los castigos crueles o degradantes contra los palestinos, añadieron.
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