De acuerdo con la fuente, durante los últimos ocho años, el Gobierno llevó a cabo amplias reformas legales e institucionales destinadas a fortalecer la constitucionalidad, mejorar la protección de los derechos y consolidar el estado de derecho.
En el marco de esa agenda de transformaciones más amplia, la revisión del Código de Procedimiento Penal se identificó como una prioridad clave.
La legislación anterior de 1961, vigente durante más de cinco décadas, quedó obsoleta y requería de un examen integral para adaptarla a la Constitución, la Política de Justicia Penal del país y las normas internacionales en constante evolución, a la vez que incorpora los nuevos procesos y tecnologías.
El nuevo Código de Procedimiento Penal y Prueba es el resultado de amplias consultas realizadas durante varios años.
Representa un hito importante en la reforma del sistema de justicia penal del país al introducir normas exhaustivas sobre las evidencias y subsanar las deficiencias en la investigación y el enjuiciamiento penal.
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