En un pronunciamiento, la Comisión sostuvo que la determinación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de trasladar el caso mexicano con el fin de promover acciones como “cooperación técnica”, “asistencia especializada” y “apoyo financiero” carece de sustento.

Además, señaló, propone reproducir dinámicas de una supuesta “colaboración internacional que en el pasado se impulsaban y no condujeron a una mejora real en materia de derechos humanos”.

Se trata, agregó, “de las mismas fallidas recetas desde el exterior que ya hemos experimentado, sin entendimiento de nuestra realidad y sin sensibilidad a los avances reales que se han tenido, que en su momento el gobierno federal y esta CNDH comunicaron al CED”.

La Comisión criticó que existan otros escenarios en el plano internacional donde los organismos multilaterales “parecen no tener la más mínima injerencia, ni están interesados en tenerla, a pesar de que lo que está en juego es la estabilidad y paz globales”.

“Tal pareciera –añadió- que estos buscan cobrar relevancia, colocando en el centro de su quehacer la situación de países como México que tratan de lidiar con las herencias de una violencia que por años imperó sin que la comunidad internacional tomara cartas en el asunto como aparenta pretender ahora”.

Reprochó al órgano que, en lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años, optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Apuntó, por otra parte, que “el CED se contradice”, pues en varias ocasiones ha sostenido que la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsada por el expresidente Felipe Calderón, tuvo una estrecha correlación con la situación de las desapariciones forzadas desde 2006.

Pero ahora, refirió, menciona que “el Comité no encuentra indicios fundados de que el enfoque militarizado de la seguridad pública pueda equipararse en sí mismo a una política federal que implique necesaria e intencionalmente la comisión de desapariciones forzadas”.

En alusión a Genaro García Luna, se preguntó si “se les ha olvidado a los integrantes del CED que el gobierno de Felipe Calderón tuvo a un secretario de Seguridad Pública sentenciado en un tribunal de Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado”.

El Gobierno rechazó el jueves el mencionado informe, calificó el documento de tendencioso y subrayó que omite avances contra ese flagelo desde 2018.

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