“Pedí al STF la prisión preventiva de Eduardo Bolsonaro por volver a articular, desde fuera del país, presión internacional contra autoridades brasileñas y contra la Justicia Electoral”, indicó el legislador en redes sociales.
De acuerdo con Farias, en la nueva petición sostiene que el exdiputado Eduardo Bolsonaro anunció públicamente que pretende accionar, en tiempo real, a autoridades y espacios de poder durante los comicios de 2026.
La declaración muestra que Eduardo no retrocedió y sigue apostando por la misma estrategia de presionar a las instituciones brasileñas con apoyo externo, ahora con foco directo en el proceso electoral, denunció.
A decir del legislador, los pronunciamientos de uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) evidencian la continuidad de una estrategia de presión internacional sobre autoridades brasileñas, lo que, a su juicio, representa un riesgo para el desarrollo de las presidenciales de octubre venidero.
Farias añadió que, además de la prisión, solicitó medidas cautelares y la remisión del caso a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal para profundizar la investigación.
No se puede admitir que un acusado instrumentalice su salida al exterior como plataforma de ataque contra la soberanía nacional, el Poder Judicial y la democracia brasileña, apuntó.
Según trascendió en medios locales de prensa, el pedido fue presentado ante el ministro Alexandre de Moraes en el marco de una acción penal en la que Eduardo Bolsonaro ya figura como acusado por presunta coacción en el curso del proceso.
En entrevistas recientes, el exdiputado afirmó que podría denunciar ante autoridades estadounidenses supuestas irregularidades de miembros del TSE e incluso promover acciones en su contra, lo que motivó la nueva ofensiva judicial presentada por Farias.
Hasta el momento, el STF no se ha pronunciado sobre la solicitud, que deberá ser evaluada por el magistrado responsable del caso en los próximos días.
El portal Carta Capital indicó que, como Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde principios de 2025, si el magistrado ordena su arresto, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva deberá solicitar su extradición.
Varias fuentes consideran que la permanencia del exlegislador en territorio norteamericano tiene el objetivo de mantenerlo fuera del alcance de la justicia brasileña.
Eduardo Bolsonaro está acusado de promover sanciones comerciales impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra las exportaciones brasileñas, la aplicación de la Ley Maginisky y la suspensión de visas para magistrados del STF y miembros del gobierno federal.
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