Una invitación cursada a la prensa por la oficina del mandatario, afirma que el jefe de Estado intervendrá a las 11:00 hora de Bolivia junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para definir un grupo de medidas.
Según se informó, el dignatario y su gabinete ministerial sostuvieron este domingo una reunión que permitió analizar la coyuntura nacional, coordinar acciones entre las distintas carteras gubernamentales y avanzar en decisiones relacionadas con temas económicos y sociales.
Las fuentes del Ejecutivo describieron que la Administración de Paz trabaja en la definición de lineamientos que serán publicados próximamente como parte de la gestión gubernamental.
Sostienen los gobernantes bolivianos que, con la orientación técnica del Banco Mundial, impulsan una reforma integral del sector minero para incrementar las inversiones, modernizar el marco normativo y mejorar la competitividad, según el ministro del sector, Marco Calderón de la Barca.
Indicó la autoridad que la iniciativa se construye mediante un diálogo directo con los distintos actores productivos, incluyendo cooperativas auríferas, minería mediana, operadores privados y productores de minerales no metálicos.
“Los encuentros buscan identificar cuellos de botella y plantear soluciones viables desde la realidad del sector”, sostuvo citado en una nota institucional.
Según la autoridad, Bolivia enfrenta el desafío de incrementar su participación en la inversión minera regional, en un contexto donde países vecinos han captado mayores flujos de capital, especialmente en proyectos de cobre.
Uno de los ejes centrales -describió Calderón de la Barca-, es la reforma normativa integral, que busca resolver problemas estructurales como la adecuación al régimen de contratos mineros, la consolidación de derechos y los retrasos administrativos que afectan a distintos subsectores.
Reconoció, asimismo, que las modificaciones sucesivas en requisitos y procedimientos generaron incertidumbre jurídica y limitaron el desarrollo de proyectos.
Añadió que, por ello, la nueva propuesta apunta a una adecuación “realista, viable y orientada al destrabe productivo”.
Igualmente, anticipó que la normativa será articulada con la futura Ley de Inversiones, incorporando incentivos fiscales y no fiscales, bajo un enfoque que prioriza la expansión de la actividad económica sin afectar la recaudación estatal.
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