Según el titular del Ministerio de Comercio e Industrias, Julio Moltó, el documento podría estar listo mañana, lo que permitirá a la compañía subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum iniciar el proceso de extracción y traslado del material fuera del país.
Este proyecto, anunciado desde su llegada al Palacio de las Garzas (1 de julio de 2025) por el presidente José Raúl Mulino, ha suscitado críticas entre organizaciones ambientalistas y sociales.
Para Moltó, la decisión marca un nuevo avance en la gestión del material minero acumulado en el sitio, en medio del proceso que sigue el Ejecutivo respecto a la operación en esa zona del istmo.
Sobre las características del material, el funcionario indicó que se trata de un volumen almacenado previamente y que no cuenta con la misma calidad que el extraído en etapas anteriores.
Además explicó que esta decisión se da tras auditorías realizadas y a solicitud del Ministerio de Ambiente, debido a posibles riesgos asociados al almacenamiento del material.
A inicios de este año, Mulino instruyó la exportación del material rocoso y del concentrado de cobre acumulado en Donoso, al tiempo que aclaró que esta acción no representaba una reapertura de las operaciones mineras.
En noviembre de 2023, el Supremo declaró inconstitucional un contrato suscrito por el Estado y First Quantum, por violar 25 artículos de la Constitución.
Intensas protestas populares que paralizaron al país también obligaron al Gobierno de entonces de Laurentino Cortizo (2019-2024) a ordenar el cierre de operaciones de la compañía.
Sin embargo, el actual mandatario ha insistido en sus habituales conferencias de prensa semanales que el estudio del tema minero podría rescatar miles de empleos y recuperar el cinco por ciento del Producto Interno Bruto que representa la actividad extractiva.
Para el jefe de Estado, el país «está viviendo el desempleo que generó el cierre de la mina Cobre Panamá».
La propiedad estatal de la tierra y sus minerales es el punto base que en su momento aceptó la empresa a pedido de Mulino para suspender arbitrajes internacionales e iniciar negociaciones, en una fecha aún no clara sobre el reinicio de operaciones.
Acerca de las auditoría realizadas, un grupo de organizaciones ambientales, incluyendo la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, han denunciado graves deficiencias.
Los activistas sostienen que las inspecciones carecieron de la profundidad prometida, lo que podría impedir que se revelen los verdaderos impactos ambientales y sociales de la mina.
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