La bancada legislativa del suspendido movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, anunció este martes que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que cambió los comicios para el 29 de noviembre de 2026.

El recurso de la RC se presentó ante la Corte Constitucional luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazara un pedido previo de ese partido contra la anticipación de las elecciones locales, una decisión que les impediría participar como grupo político.

El TCE no admitió el pedido de la RC por considerar que la organización tiene suspendidos sus derechos de participación y, por tanto, no está habilitada para presentar ese tipo de acciones.

El asambleísta Franklin Samaniego sostuvo que el cambio del calendario vulnera principios como la seguridad jurídica y la participación política, al modificar etapas clave del proceso.

“Esto traza una cancha inclinada a favor de los candidatos del oficialismo”, afirmó Samaniego, quien cuestionó la reducción de plazos para cambios de domicilio electoral, inscripción de candidaturas y campaña.

Según el legislador, el periodo de campaña se redujo de 29 a 14 días, lo que calificó como una medida que limita la difusión de propuestas en igualdad de condiciones.

El reclamo del movimiento correísta se suma a otras acciones en curso ante la Corte Constitucional, entre ellas una presentada por el Partido Social Cristiano (PSC) y otra impulsada por un ciudadano, lo que evidencia un frente legal amplio contra la decisión del órgano electoral.

En paralelo, colectivos y organizaciones de izquierda protestaron este martes en los exteriores del CNE para rechazar el adelanto de los comicios y denunciar una supuesta afectación a la democracia.

Isabel Vargas, del movimiento Unidad Popular, afirmó que la medida constituye una “burla al pueblo ecuatoriano” y cuestionó que se justifique por un eventual fenómeno climático sin certezas de lo que va a ocurrir.

Los manifestantes también rechazaron procesos que podrían dejar fuera del registro electoral a organizaciones como Unidad Popular, lo que, a su juicio, agrava el escenario de exclusión.

La resolución de adelantar las elecciones fue adoptada por el Consejo Nacional Electoral el 27 de marzo, con el argumento de prevenir posibles afectaciones climáticas derivadas de un eventual fenómeno de El Niño en la fecha inicialmente fijada del 14 de febrero del 2027.

En esos comicios, los ecuatorianos deberán elegir más de cinco mil 700 autoridades locales, entre ellas alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales, así como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

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