Según un comunicado, se activó la Alerta Amber con las autoridades competentes y confirmaron que, como resultado del operativo, una de las adolescentes reportadas inicialmente fue localizada.

El caso se suma a la evasión registrada el pasado 24 de marzo, cuando la Senniaf detectó la fuga de 15 menores del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Durante el proceso de búsqueda, la Procuraduría General de la Nación confirmó la localización de siete adolescentes —cuatro niños y tres niñas entre 13 y 17 años—. Según la entidad, durante ese incidente también se reportaron daños materiales y la sustracción de dinero dentro del albergue.

Estos hechos tienen lugar en medio de una crisis institucional que arrastra la Senniaf desde febrero de 2021, cuando un informe legislativo reveló abusos y negligencia sistemática en albergues bajo supervisión estatal.

El documento provocó protestas ciudadanas, exigencias de justicia y la salida de directivos, sin que los problemas estructurales hayan sido completamente resueltos.

La situación volvió a escalar en marzo de 2026 tras denuncias de presuntos maltratos en el CAI de Tocumen y otras irregularidades administrativas.

La inestabilidad interna se reflejó en la rápida rotación de autoridades: tras la salida de Ana Fábrega y los breves pasos de Otilia Rodríguez y Andrea Vega, el Ejecutivo nombró a Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora general.

De otra parte, el pasado 1 de abril, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, entidad rectora de la Senniaf, compareció ante la Asamblea Nacional(parlamento) para responder preguntas sobre la situación de los albergues y la ejecución de subsidios mensuales por unos 162 mil dólares destinados a 34 centros.

Aunque defendió la autonomía de la Senniaf y el refuerzo de inspecciones técnicas, diputados cuestionaron la falta de sanciones y la lentitud de las destituciones.

Hace poco más de cinco años, los abusos en albergues infantiles generaron uno de los mayores escándalos en el país istmeño con fuertes protestas y revelaciones de actos contra los derechos de los menores.

El asunto obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a expresar su «profunda preocupación» por las denuncias, instó a las autoridades a una rápida investigación y recordó que los infantes en los albergues están bajo ‘protección especial del Estado’.

Esa institución también pidió no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, lo que fue varias veces recomendado por el Comité de los derechos del Niño, y al mismo tiempo emplazó al Gobierno a proceder con carácter de urgencia en el sistema de protección a los más jóvenes.

Esos hogares son administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas, y reciben subsidios gubernamentales, porque la ley coloca a los infantes bajo protección del Estado, aunque la principal crítica es la ausencia de control sobre sus protegidos.

Entre la población residente en estos albergues sobresalen menores procedentes de hogares disfuncionales, ambientes sociales adversos para su desarrollo, discapacitados y niñas embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales.

mem/ga