En declaraciones a medios de comunicación, el diputado liberal Marlon Lara cuestionó los procedimientos de juicio político emprendidos en el Parlamento por su bancada (41 curules), en alianza con el derechista Partido Nacional (PN) del presidente Nasry Asfura.
“Todo apunta a que hubo componendas” entre ambas formaciones, sugirió Lara sobre la destitución el pasado 25 de marzo del fiscal general del Estado, Johel Zelaya, y la renuncia de la titular de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, para no someterse a un juicio político que le abriría el Legislativo.
Subrayó que desde la aprobación de la ley de juicio político sostuvo que esa herramienta “no debe verse como una cacería de brujas ni como un revanchismo”, sino como un mecanismo a aplicarse únicamente contra funcionarios señalados, respetando estrictamente el debido proceso.
Para el congresista, los procesos en casos relevantes como el Zelaya y Ráquel no concluyeron adecuadamente y advirtió que el mandato del pueblo hondureño es actuar de manera distinta a viejas prácticas del pasado, promovidas por el PL y PN, las dos fuerzas tradicionales de este país.
Insistió en que la falta de cumplimiento de los procedimientos legales abre la puerta a interpretaciones negativas por parte de la ciudadanía y debilita la credibilidad institucional.
“Es una herramienta (la del juicio político) muy poderosa y se presta a cuestionamientos si no se respeta la ley”, remarcó.
Lara también alertó sobre los riesgos de la concentración de poder político, al asegurar que “aunque un partido acumule todo el poder, ese mismo poder puede volverse en su contra si se cometen abusos”.
Llamó a su bancada y a la del nacionalismo, con 49 escaños en el Congreso (Parlamento), a garantizar procesos transparentes y apegados a la normativa vigente, ante persistentes amagos de enjuiciar a otros funcionarios públicos cercanos al ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).
Por su parte, la también diputada liberal Iroshka Elvir señaló este miércoles que si se va aplicar juicio político a altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ese mecanismo legislativo debe abarcar a todo el pleno de ambos organismos.
“Si vamos hacer juicio político que se le haga a los tres miembros del CNE y a los tres del TJE”, dijo a periodistas.
Elvir aludió a las voces que desde el Parlamento y del propio Ejecutivo hondureño exigen inhabilitar, a través del mismo procedimiento de juicio político, a los magistrados Marlon Ochoa y Mario Morazán, representantes de Libre en el CNE y el TJE, respectivamente.
No estoy de acuerdo que se aplique esa herramienta con tinte de persecución a quienes son opositores, es un mecanismo que se estableció para resguardar la República, sentenció.
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