En un pronunciamiento público, la organización sostuvo que la sanción que los obliga a pagar 18 mil dólares no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso sostenido de acciones en su contra, vinculado a su papel en la promoción y defensa de la consulta popular sobre el Yasuní.

“El fallo constituye un precedente gravísimo para la democracia”, señaló el colectivo, que durante más de una década impulsó el proceso que derivó en la prohibición de explotar el bloque petrolero en el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía.

Según Yasunidos, la decisión responde a una interpretación “forzada y desproporcionada” de normas diseñadas para organizaciones políticas, pese a tratarse de un colectivo ciudadano, lo que evidencia el uso de los mecanismos de control electoral como herramientas de intimidación.

El grupo afirmó que con este tipo de medidas “se castiga la participación” y se envía un mensaje de riesgo para quienes buscan incidir en la vida pública mediante mecanismos de democracia directa.

Asimismo, recordó que sigue sin cumplirse por parte del Estado ecuatoriano la decisión adoptada en la consulta popular de 2023, cuando la mayoría de los ecuatorianos votó por mantener bajo tierra el crudo existente en el área del Yasuní.

Ante la sentencia del TCE, la organización anunció que presentará una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional, con el objetivo de impugnar la decisión y defender el derecho a la participación ciudadana.

El grupo ambientalista considera que el proceso se enmarca en un contexto de tensiones con el gobierno del presidente Daniel Noboa por la implementación de los resultados de la consulta.

En noviembre pasado esa organización interpuso una demanda ante la propia Corte Constitucional contra el Ejecutivo, al considerar que ha incumplido con la decisión de acabar con la explotación petrolera en el Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y declarada reserva de la biosfera por la Unesco en 1989.

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