La cartera ministerial realizó una inspección a las instalaciones de la compañía tras denuncias realizadas por periodistas, situación que obligó al canal televisivo a terminar su relación laboral con dos de sus presentadores más reputados y generó un revuelo en la opinión pública del país.
La investigación administrativa permitió evidenciar una brecha entre los protocolos formales de la empresa y su aplicación efectiva, según refirió la entidad gubernamental.
Constató, entre otros factores, la presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados; el subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales y la falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador.
Durante la visita de inspección, y posteriormente, el Ministerio del Trabajo también recibió quejas por presuntos actos de acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo por parte del personal de Caracol Televisión.
Estos elementos, apuntó, permiten advertir la existencia de un riesgo actual de repetición de conductas y de vulneración de derechos como la dignidad humana, la igualdad y el trabajo en condiciones justas.
Si bien reconoció que la empresa adoptó decisiones iniciales frente a los hechos denunciados, el Ministerio concluyó que estas no cumplieron con los estándares de debida diligencia, al no evidenciarse procesos de análisis estructurados ni acciones orientadas al esclarecimiento integral de los hechos.
Por eso, ordenó la adopción de acciones urgentes, entre las cuales están la protección integral de víctimas, denunciantes y testigos; la implementación de garantías de no revictimización y/o represalia; el inicio de investigaciones internas con enfoque de género, así como el fortalecimiento de los canales de denuncia y su trazabilidad.
El Ministerio del Trabajo informó que continuará con el seguimiento riguroso del caso y la verificación del cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas.
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