El documento, elaborado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), fue presentado en un seminario en el Congreso Nacional, en el marco de la programación del Campamento Tierra Libre 2026, que se celebra en esta capital del 5 al 11 de abril.

De acuerdo con el estudio, existe una estructura de influencia que actúa de forma coordinada para flexibilizar normas ambientales y territoriales, con el objetivo de viabilizar la minería en áreas protegidas.

Entre 2016 y 2024, difunde el texto, grandes instituciones financieras destinaron alrededor de 493 mil millones de dólares a empresas vinculadas a minerales considerados estratégicos para la transición energética.

Las principales compañías beneficiarias incluyen a Vale, BHP y Glencore, respaldadas por fondos como BlackRock, Vanguard y Capital Group, las cuales siguen recibiendo una financiación masiva, a pesar de su historial de delitos medioambientales y violaciones de los derechos humanos, agrega el estudio.

Según el informe de la APIB, esta red financiera traslada los riesgos ambientales y sociales a los territorios indígenas, mientras concentra los beneficios en corporaciones y fondos de inversión.

Asimismo, el documento cuestiona la narrativa que presenta la minería como condición necesaria para la descarbonización, al considerar que se utiliza para legitimar la expansión sobre ecosistemas sensibles.

El informe critica que, en el Congreso Nacional, hay influencia de frentes parlamentarios ligados a la minería, el agronegocio y sectores religiosos, que promueven iniciativas orientadas a flexibilizar el licenciamiento ambiental y restringir derechos territoriales.

Además, incluye críticas al Supremo Tribunal Federal, donde, de acuerdo con el estudio, se desarrollan disputas en torno a la interpretación de derechos constitucionales que podrían abrir paso a la explotación en tierras indígenas.

En cuanto al Poder Ejecutivo, el texto cuestiona al Instituto Brasileño de Minería, al indicar que durante años ha actuado como la columna vertebral del lobby minero en Brasil, vinculando el capital internacional con la política local.

La presión se concentra especialmente en la Amazonía, donde existen más de cinco mil solicitudes mineras, de las cuales al menos mil 300 afectan tierras indígenas, incluyendo 390 casos de superposición total.

En sus consideraciones finales, el reporte afirma que la minería en tierras indígenas no es una demanda genuina de desarrollo o soberanía nacional, sino una imposición del capital financiero transnacional, operacionalizada a través de una captura sistemática del Estado brasileño por parte del lobby minero.

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