No obstante a acciones legales presentadas y una fuerte protesta de estudiantes, organizaciones sociales y autoridades indígenas, el Consejo Superior de esa casa de altos estudios difundió un comunicado con el “inesperado” resultado.
Dijo que este se deriva del cumplimiento de las normas universitarias vigentes, en el marco de los procedimientos establecidos para este tipo de elecciones internas.
Al conocerse la decisión, frente al hotel Santo Domingo de la colonial Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, manifestantes reportaron el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional Civil, que intentaba resguardar el ingreso.
Quienes pedían desde anoche transparencia y legitimidad, luego de escuchar la salida de cuerpos electorales de oposición que buscaron romper el quórum para la votación, volvieron indignados con expresiones de descontento, gritos y empujones.
En las redes sociales usuarios afirmaron que esperaban fuera una broma lo de Mazariegos o que todo ocurrió “gracias a la falta de acción del Gobierno y el poder judicial”, lo cual calificaron de una vergüenza.
Mediante un comunicado, la gremial independiente Consciencia expresó su profundo rechazo a un proceso que careció de transparencia, legitimidad y participación democrática.
“Dicha elección estuvo marcada por irregularidades, incluyendo la exclusión de cuerpos electorales, el uso de la fuerza para impedir el acceso a votantes legítimos y la falta de garantías para un proceso libre y justo”, describió.
Estas acciones vulneran los principios fundamentales que deben regir a la universidad pública y atentan contra su autonomía. La Usac ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico, pluralidad y participación democrática, recordó.
Sin embargo, acotó, lo sucedido representa un grave retroceso en estos valores, lo cual debilita la institucionalidad y la confianza de la comunidad universitaria.
A Mazariegos se le cuestiona principalmente por la legitimidad del proceso del 2022, que conllevó a que el Campus Central y varios centros regionales estuvieran cerrados por más de 380 días como protesta.
También se le acusa de ser el brazo operativo dentro de la educación superior de grupos políticos y judiciales que buscan garantizar la impunidad.
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