De acuerdo con una comunicación de la Presidencia, el programa busca erradicar la ilegalidad en torno a la explotación del recurso aurífero, del cual hasta el 80 por ciento del total comercializado tendría origen informal o ilícito.
Otro de sus objetivos es eliminar los ingresos de los grupos armados por ese concepto, estimados en ocho mil 414 millones de dólares anuales, lo cual superaría incluso al narcotráfico.
Esta actividad le ocasiona al Estado pérdidas cercanas a cinco billones de pesos en regalías cada año, unos mil 370 millones de dólares al cambio actual, apuntó la comunicación.
En respuesta, abundó, el Gobierno impulsa la creación de una comercializadora estatal de oro que permitirá comprar directamente a pequeños mineros formalizados, y con garantías de trazabilidad y acceso a mercados nacionales e internacionales.
Abundó que la meta es escalar la compra de oro legal de cinco a 15 toneladas anuales, con la intervención directa del Estado y con la reorientación de recursos hacia los territorios para romper el ciclo de dependencia de los mineros con respecto a las estructuras ilegales.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, en comparación con el gobierno anterior, durante esta administración aumentó en 69 por ciento el número de personas formalizadas en la actividad minera, al pasar de un poco más de 17 mil a más de 30 mil. Además, se registra un aumento del 44 por ciento en la entrega de instrumentos o títulos de formalización, según la misma fuente.
La entidad también habilitó 381 mil hectáreas que permitirán formalizar tres mil 810 unidades de producción minera para beneficiar a cerca de 76 mil personas durante los próximos años, a través de contratos de áreas de reserva especial, propuestas de contratos de concesión con enfoque diferencial y convenios especiales con comunidades negras.
Además de los perjuicios económicos y de seguridad, la minería ilegal también ocasiona daños al medio ambiente en Colombia, donde se estima que, de 32 departamentos se incurre en esa práctica en 29.
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