El dictamen a la minuta que reforma los artículos constitucionales 115, 116 y 134, se deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer ajustes en ayuntamientos y congresos locales y establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales.

Acorde con lo difundido por la cámara baja, el llamado Plan B de la reforma electoral –avalado en lo particular con la mayoría calificada de 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención-, se remitió a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su análisis.

La iniciativa prevé disposiciones transitorias para la implementación progresiva de las mencionadas medidas, así como la reasignación de los recursos públicos generados por los ahorros hacia fines de interés social.

En el artículo 115 se precisa que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, entre otros.

Mientras, el 116 señala que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0,70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

El 134 subraya que las remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, entre otros, no excederán el límite establecido en el artículo 127 constitucional.

Al respecto, no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.

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