“Nunca hubo dudas sobre su labor”, afirmó el mandatario la víspera ante la prensa en Santa Cruz de la Sierra, cuando fue consultado sobre el escándalo del denominado “combustible basura”, que se inició en enero del año en curso y hasta el momento se extiende sin solución por todo el país andino amazónico.

La declaración de Paz tuvo lugar una semana después de la sustitución del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por Claudia Crónembold, en medio de un conflicto ininterrumpido desde enero, sobre todo con miles de transportistas, quienes reclaman la distribución de combustible de buena calidad.

Su demanda incluye el resarcimiento de los gastos que provocaron los daños ocasionados en los motores de sus vehículos por el “combustible basura”.

El dignatario justificó su respaldo a Medinaceli con el argumento de que tiene un “proyecto de ley extraordinario” respecto a los hidrocarburos, por lo cual dijo que espera que se le brinde la oportunidad de presentarlo.

Añadió que se trata de un proyecto “(…) que va a revolucionar” el sector.

Paz criticó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) porque sesionó la víspera para continuar con el acto de interpelación contra Medinaceli, y opinó que el tema de la gasolina de mala calidad no debería politizarse.

De acuerdo con el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, entre las atribuciones de la ALP figura controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

Asimismo, tiene autoridad para interpelar, por iniciativa de cualquier asambleísta, a los titulares de carteras de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la ALP.

Igualmente, la interpelación puede ser promovida por la Cámara de Diputados o la de Senadores, y si la autoridad es censurada tiene que ser destituida.

Otra atribución de los parlamentarios bolivianos es la investigación en el contexto de sus funciones fiscalizadoras mediante la comisión o comisiones elegidas para tal efecto, sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes.

Los diputados y senadores también tienen la facultad constitucional de controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado.

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