El recurso presentado por la RC cuestiona la validez del procedimiento legal que derivó en la sanción y busca restituir su personería jurídica en medio del calendario de las elecciones seccionales, adelantadas al 29 de noviembre de 2026.

El abogado del movimiento, Gabriel Rivera, sostuvo que el documento que motivó la suspensión no fue remitido al TCE por el fiscal general, como exige la normativa vigente.

“El fiscal nos ha contestado (…) diciendo que la Fiscalía no ha enviado ese documento al TCE”, afirmó Rivera, quien añadió que el titular del Ministerio Público “no miente, porque él no lo mandó”.

Según la defensa, el oficio habría sido enviado por una fiscal del caso sin competencia para activar una medida de esta magnitud, lo que invalidaría, a su juicio, la decisión, adoptada el pasado 6 de marzo y que impediría a la RC presentarse con candidatos propios a los venideros comicios.

Rivera también señaló que un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) excluye al movimiento de responsabilidad en el manejo de recursos ilícitos, elemento que sustenta el pedido de revocatoria.

“Esperamos que el juez se reivindique (…) para que se respeten los derechos del pueblo ecuatoriano a elegir y ser elegido”, añadió.

La medida fue dictada por el juez del TCE Joaquín Viteri como parte del caso denominado Caja Chica, que investiga un presunto financiamiento irregular de la RC en la campaña presidencial de 2023.

La suspensión afecta directamente la participación de la RC en los sufragios locales, ya que impide la inscripción de candidaturas bajo su organización mientras esté vigente la sanción.

Ante este escenario, la directiva del movimiento, fundado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y actualmente dirigido por Gabriela Rivadeneira, instó a desafiliarse a quienes busquen ser candidatos en las elecciones seccionales, para que puedan postularse por otras organizaciones.

En paralelo, la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones contra varias figuras del movimiento, incluida la excandidata presidencial Luisa González, bajo la hipótesis de ingreso de recursos ilícitos desde Venezuela para financiar la campaña de 2023, una acusación que la RC rechaza y califica como persecución política.

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