La medida no solo estrangula una actividad comercial bilateral que según fuentes gubernamentales colombianas supera los dos mil millones de dólares al año, sino que refuerza la tirantez política que comenzó a principios de este año entre las dos naciones vecinas.

El 21 de enero el gobierno de Daniel Noboa informó que aplicaría un gravamen del 30 por ciento a las importaciones colombianas “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, lo cual resultó inesperado por el Ejecutivo en Bogotá y fue respondido con la misma moneda.

Desde Quito aumentaron la apuesta al incrementar las tarifas hasta el 50 por ciento, lo cual fue calificado por el Ministerio de Comercio neogranadino como una medida que volvió económicamente inviable la exportación a suelo ecuatoriano y con el alcance de profundizar la afectación de seguridad nacional y la tensión internacional.

A inicios del mes pasado la guerra arancelaria siguió su curso con la determinación del gobierno colombiano de tomar una decisión análoga.

A pesar de las protestas por parte de los comerciantes en la frontera, nada consiguió revertir la escalada.

De acuerdo con Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del Estado neogranadino, entre enero y octubre del pasado año, el comercio (exportaciones más importaciones) entre las dos naciones alcanzó los dos mil 209 millones de dólares, con un saldo a favor para Colombia de 849 millones de dólares.

Aunque esto pudiera parecer ya una afectación de por sí muy elevada, lo cierto es que las tensiones entre ambas partes van más allá de lo meramente económico.

A mediados de marzo, el presidente Gustavo Petro aseguró que su país emitiría una nota de protesta diplomática debido a una bomba hallada en el municipio de Ipiales, en Nariño, que según insistió el mandatario, provino de Ecuador.

Tal evidencia, sostuvo, confirmaba que desde el país vecino se bombardeaba al suyo en violación de la soberanía y también atribuyó a estos presuntos ataques con explosivos el hallazgo de “27 cuerpos calcinados” encontrados en enero último en un territorio limítrofe de la nación colombiana.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó por su parte las declaraciones de Petro y afirmó en la red social X que “estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

Pese al altercado, dos días después, y como resultado de una visita de una comisión técnica al sitio donde se encontró el explosivo, las partes acordaron dar por superado el momento de tensión “sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad”, según se divulgó en esta capital.

Lo que reavivó luego la llama de la animadversión fue un comentario de Petro sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, al que calificó de preso político.

Noboa protestó por el pronunciamiento, su par colombiano lo reiteró, y pocas horas después, desde Quito, se anunció la imposición de aranceles del 100 por ciento a las importaciones neogranadinas.

Si bien los efectos reales de tales medidas aún están por verse, los desacuerdos diplomáticos son ya palpables.

El presidente de Colombia pidió el regreso de su embajadora en Ecuador, comentó que eso rompía de facto el Pacto Andino, solicitó a su canciller tomar disposiciones para buscar una integración al Mercosur y también abogó por el fortalecimiento de los nexos con países centroamericanos y caribeños.

“El gobierno del Ecuador falsea la realidad por órdenes ajenas a su soberanía”, dijo, y calificó el más reciente incremento tarifario como una “monstruosidad”.

Añadió que el acto constituía un agravio del presidente del Ecuador “al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo”, en tanto desconocía las miles de vidas perdidas en la lucha contra el narcotráfico, debido a que la excusa para el aumento es la supuesta falta de voluntad de Bogotá en el combate a los narcóticos.

“Señor Noboa respete esos muertos”, expresó en un mensaje cargado de recriminaciones.

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