La vista vía virtual responderá a la acción presentada el 27 de marzo último en contra de los vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Regina Santa Cruz Silva y Cesar Portocarrero Cuevas.

“SE ADMITE la presente acción de Amparo Constitucional, en consecuencia, se dispone la notificación de la parte accionada: DRA. REGINA SANTA CRUZ SILVA Y DR. CESAR PORTOCARRERO CUEVAS-VOCALES DE LA SALA PENAL CUARTA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ (…)”, expresa el documento circulado a la prensa.

El texto explica que la parte accionante tiene la carga de gestionar la notificación legal de las partes en forma personal o mediante cédula.

Asimismo, la justicia dispone que la parte accionada proceda a remitir ante la Sala Constitucional todos los antecedentes y las pruebas que tuviere en su poder ANTES de la audiencia señalada”, según expresa el documento.

El 6 de abril, Arce denunció que sufre la vulneración de sus derechos y “tortura psicológica”, en una carta manucrista desde la prisión de San Pedro, firmada como “preso político del gobierno de Rodrigo Paz”.

Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre de 2025 por presunta corrupción cuando era ministro de Economía (2006-2017 y 2019), en el expediente denominado Fondo Indígena.

Según la misiva publicada por la cadena Erbol, el exdignatario fue privado de libertad sin que existiera una orden legal de aprehensión, y calificó ese hecho de “un secuestro al margen de la ley”.

De acuerdo con la información, Arce sostiene que no recibió notificación previa de ningún proceso en su contra, pese a haber manifestado su disposición a presentarse ante la justicia.

Denunció el exmandatario que, dentro del proceso iniciado por el Gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes de su defensa han sido rechazadas, incluida una petición para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo, lo cual pone en riesgo su salud.

Adicionalmente, deploró en la denuncia que fue alojado en un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad y sometido a interrupciones constantes para la toma de fotografías.

Aclaró, no obstante, que esta práctica cesó tras reclamos de su defensa, aunque continúan registrándolo con fotografías y videos en el patio del establecimiento penitenciario con sede en La Paz.

Al final del texto, Arce calificó el expediente penal en su contra como una “persecución política, mediática e institucional” y una forma de “venganza”, en el contexto de lo que considera un deterioro del Estado de Derecho en el país.

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