En una carta abierta divulgada durante el Campamento Tierra Libre 2026, que desde el pasado domingo congrega a más de siete mil personas en esta capital, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y sus entidades regionales abordaron el contexto electoral del país, de cara a los comicios de 4 de octubre próximo.

Al respecto, indicaron que el gigante sudamericano enfrenta una disputa entre un proyecto democrático y el avance de fuerzas de extrema derecha que, según denunciaron, amenazan derechos y territorios indígenas.

El documento subraya que el apoyo al mandatario “no es ciego” y estará acompañado de presión política para garantizar la demarcación de todas las tierras indígenas, así como su protección efectiva frente a invasiones, explotación ilegal y violencia.

Las organizaciones alertaron sobre más de cinco mil solicitudes de exploración minera en la Amazonía, de las cuales al menos mil 300 afectan territorios indígenas, lo que consideran una amenaza directa a la soberanía y a la supervivencia de sus pueblos.

Asimismo, criticaron la persistencia de iniciativas legislativas en el Congreso Nacional que calificaron como “antiindígenas”, al tiempo que exigieron al Ejecutivo una postura firme para frenarlas.

La misiva abierta a Lula también aborda el contexto internacional y advierte sobre intereses extranjeros en recursos estratégicos, además de cuestionar declaraciones vinculadas a la posible entrega de riquezas naturales.

Aunque reconocieron avances durante el actual gobierno del mandatario, como la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, la reactivación de demarcaciones y la apertura de espacios de diálogo, señalaron que estas medidas aún resultan insuficientes frente a la magnitud de las demandas.

De acuerdo con datos citados por Brasil de Fato, la actual gestión ha concretado 29 demarcaciones de tierras indígenas, cifra que, según líderes de estos pueblos, podría haber sido significativamente mayor.

En ese sentido, el coordinador ejecutivo de la APIB, Dinamam Tuxá, declaró a ese medio que los avances logrados aún no satisfacen las necesidades de la población y que la reconstrucción institucional debe reflejarse en políticas efectivas, al tiempo que expresó expectativas de que el gobierno acelere las entregas en un eventual nuevo mandato.

La carta enfatiza además la importancia de los territorios indígenas en la lucha contra la crisis climática, y reclama el fin de los combustibles fósiles junto con el respeto a los derechos de consulta, participación y autodeterminación.

Finalmente, las organizaciones reafirmaron su disposición a mantenerse movilizadas y advirtieron que sus derechos deben consolidarse como políticas de Estado permanentes, al tiempo que insistieron en que el futuro de sus pueblos “no está en venta”.

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