En una tensa sesión que comenzó en la tarde del jueves y se extendió hasta las primeras horas de este viernes, el Congreso Nacional acordó, con 91 votos de los 128 diputados, enjuiciar a Marlon Ochoa y Mario Morazán, representantes de Libre en los dos principales órganos electorales del país.

Además de Ochoa y Morazán, magistrados propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), respectivamente, el Legislativo decidió sentar en el banquillo a tres suplentes de ambos entes: Lourdes Mejía, Gabriel Gutiérrez y Karen Rodríguez.

Sin embargo, esta última magistrada del CNE renunció para no someterse a ese proceso durante la lectura en el hemiciclo de las denuncias contra los cinco funcionarios, presentadas por los derechistas partidos Nacional (PN) y Liberal (PL), las dos fuerzas tradicionales de esta nación centroamericana.

Con la admisión de la denuncia, los cuatro señalados quedan suspendidos de sus cargos mientras se desarrolla el proceso de juicio político, que incluirá audiencias de descargo.

Para ello, el Legislativo nombró una comisión especial integrada por congresistas del bipartidismo, encarnado por nacionalistas y liberales.

Las acusaciones recogen denuncias de abogados y señalamientos basados en informes de misiones de observación electoral, en los que se atribuyen irregularidades y el supuesto entorpecimiento de las elecciones primarias y generales, celebradas en marzo y noviembre del pasado año.

El jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchamé, calificó la jornada como “un día oscuro para la institucionalidad del país”.

“Las personas sometidas a juicio político esta noche no han cometido ningún delito, solo cumplieron la misión para la que fueron nombrados”, expresó.

Denunció que los juicios políticos impulsados por el PN, en el poder, y el PL, primera fuerza de oposición, forman parte de una estrategia para tomar el control de las instituciones.

Advirtió que en menos de 30 días el bipartidismo promovió acciones contra el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y ahora contra los órganos electorales, “lo que evidencia una ruta para concentrar poder e instalar una nueva dictadura”, enfatizó.

Panchamé señaló que el enjuiciamiento se está utilizando como un arma para doblegar la democracia y someter al Partido Libertad y Refundación, que ganó en las urnas el derecho a tener representación en el CNE y el TJE.

“Hoy está muriendo la democracia y la institucionalidad de este país”, manifestó el diputado, quien llamó al pueblo hondureño y a la comunidad internacional a observar lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional.

El 25 de marzo último, el Parlamento destituyó al entonces fiscal general del Estado, Johel Zelaya, también por la vía del juicio político, y forzó la dimisión de la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel, quien con su paso al costado evitó someterse al mismo procedimiento.

En opinión de analistas, el desarrollo de este proceso abre un nuevo capítulo de confrontación política en Honduras, con implicaciones directas en el sistema electoral y el equilibrio de poderes en el país.

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