La Fiscalía anunció que se había iniciado una investigación penal luego de que funcionarios de la Contraloría irrumpieran en un acto de investigación que involucraba a auditores de la institución, impidiendo que pudiera culminarse.

En ese sentido, la entidad detalló que se trataba de la investigación al ex vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo (2019-2024) por el delito de enriquecimiento injustificado.

El rechazo de gremios, organizaciones civiles, políticos y hasta la defensa de Carrizo ha sido unánime.

De su parte, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos emitió un comunicado manifestando su preocupación por los hechos denunciados.

Para esa organización internacional, cualquier intromisión indebida en los actos propios del ejercicio legítimo de las funciones de los fiscales, atenta contra los pilares fundamentales de las fiscalías de la región.

También el Movimiento de Abogados Gremialistas censuró las actuaciones del contralor; advirtió que la participación de funcionarios de esa entidad en actos investigativos penales sin facultad legal ni citación es una extralimitación de funciones; y exigió el cese inmediato de cualquier forma de injerencia, exhortando al respeto de la autonomía institucional.

Por su lado, la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, expresó en una declaración que «apoya las acciones del procurador general de la Nación, Luis Gómez, de usar las herramientas constitucionales y legales para proteger la investigación”.

La exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez señaló al diario La Estrella de Panamá que se trata de un hecho gravísimo, porque no hay una norma, ni constitucional ni legal, que sustente la posibilidad de que un contralor se presente a interrumpir una diligencia en proceso.

La defensa de Carrizo exigió, por su parte, buscar la verdad de los hechos, respetar la ley, el debido proceso y el estado de inocencia.

La investigación en contra del también excandidato presidencial en los comicios de 2024 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se apoya en auditorías de la Contraloría, de acuerdo con las cuales habría un enriquecimiento ilícito de 1.9 millones de dólares en el período 2019-2024 que no ha podido ser justificado.

La Contraloría justificó las acciones de Flores a través de un comunicado oficial en el que negó haber interferido con las investigaciones.

Sobre la presencia de Flores, el mensaje afirma que “respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la institución que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias”.

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