La Asamblea Nacional (AN, parlamento) eligió a la exmagistrada del Supremo Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo, la candidata del oficialismo.

Russo, quien ocupará el puesto para el período 2026-2031, ha sido calificada por varios diputados de la oposición como la “ungida” del Gobierno, en momentos en que el partido Realizando Metas (RM) publicaba en su cuenta oficial de X que instruía a los miembros de su bancada a votar en favor de ella.

Para siquiera poder ser considerada, primero fue necesario resolver el debate sobre dos informes que surgieron de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El informe de mayoría incluía a siete aspirantes para escoger, y el informe de minoría abría el compás para que el pleno decidiera entre otros 33 candidatos.

Russo no aparecía en el informe de mayoría, por lo que si prevalecía este informe no podría ser escogida.

Al respecto, el diputado José Barboni, de la tolda Seguimos, alertó que el informe de minorías logró abrir un proceso para beneficiar a una sola persona.

Según varios medios de prensa, en el pleno predominó nuevamente el llamado “matraqueo” político, con líderes de bancadas reuniéndose entre ellos y con diputados claves de los partidos.

Aún antes de la votación final, el presidente de la bancada independiente Vamos, Roberto Zuñiga, ya lamentaba el resultado.

“La Constitución dice que el Defensor del Pueblo lo elige la Asamblea. La realidad: el nombramiento llega desde el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo)”, remarcó.

A solo días de que concluya la segunda legislatura, otro tema centró las diferencias entre diputados: El Reglamento Interno Orgánico.

Sancionadas en primer debate en la Comisión de Credenciales, las reformas al importante documento destacan la prohibición de nombramientos de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, la ampliación de los tiempos de debate y la obligatoriedad de transmitir las sesiones legislativas.

Los cambios establecen además que la Comisión de Presupuesto sesionará siempre de manera pública, reforzando los mecanismos de fiscalización sobre los recursos del Estado.

El nuevo Reglamento fija también un plazo máximo de tres días, tras la instalación de una nueva legislatura, para conformar la junta directiva, evitando los retrasos del periodo anterior, cuando este proceso se prolongó por más de un mes y paralizó la actividad parlamentaria.

Sobre este proceso, el presidente de la AN, Jorge Herrera, del partido Panameñista, fijó desde el inicio de su gestión la actualización del reglamento como un objetivo político central.

Fuentes legislativas han señalado que Herrera aspiraría a que, con la aprobación del Reglamento, se fortalezca su posición política de cara a su proyecto de reelección en el cargo.

La Asamblea Nacional de Panamá cierra su segundo periodo de sesiones ordinarias el 30 de abril de cada año, entrando en un receso de dos meses.

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