El TCE mantuvo la medida cautelar dictada el 6 de marzo por el juez Joaquín Viteri, sustentado en un informe remitido por la fiscal Judith Bonilla, que confirma que la investigación continúa en curso y bajo reserva.

Con ello, la RC permanece inhabilitada políticamente mientras avance la indagación vinculada al denominado caso Caja Chica, relacionado con un presunto financiamiento irregular en la campaña presidencial de 2023.

La decisión impacta directamente en el escenario electoral, al dificultar la participación del movimiento, considerado la principal fuerza de oposición, en las elecciones locales, adelantadas para el 29 de noviembre de este año.

El expresidente Rafael Correa (2007-2017), fundador y líder de la RC, reaccionó al nuevo fallo judicial en su cuenta de X, donde escribió: “¡Sinvergüenzas! No existe ley para lo que están haciendo. Además, atenta contra todo principio democrático y hasta contra el sentido común”.

Previamente, la RC había solicitado al TCE revocar la medida, alegando irregularidades en el proceso.

Su abogado, Gabriel Rivera, sostuvo que el documento que originó la suspensión no fue remitido por el fiscal general, como exige la normativa.

“El fiscal nos ha contestado (…) diciendo que la Fiscalía no ha enviado ese documento al TCE”, afirmó Rivera, quien también citó un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que, según la defensa, descarta responsabilidad del movimiento en el manejo de recursos ilícitos.

No obstante, el tribunal consideró que la investigación fiscal sigue vigente, lo que impide levantar la sanción provisional.

Ante este escenario, la RC anunció que postulará en alianza con otras organizaciones políticas a sus candidatos para los comicios de noviembre, cuando se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, y otras autoridades locales.

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