Los colectivos denuncian la audiencia ilegal iniciada la víspera en el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), bajo el auspicio de su titular Jackeline Muñoz, que busca desaparecer a esa organización pionera en la lucha por los derechos de la clase obrera y el pueblo panameño en general.

En un comunicado, Convergencia Sindical(CS), que lidera Eduardo Gil, señaló que persiste la campaña que deslegitimar el accionar y debilitar la militancia del Suntracs.

También en su mensaje, CS alerta sobre el incremento de medidas que tienden a criminalizar la protesta social y la organización sindical, lo cual es un retroceso en materia de derechos laborales y libertadores democráticas.

Esa agrupación hizo un llamado a las autoridades competentes a cesar toda acción que vulnere los derechos sindicales, a garantizar el pleno respeto a la organización de los trabajadores y privilegiar el diálogo como vía para la solución de conflictos.

Además instó al pueblo a estar vigilante, unido y solidario en defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora.

Por su parte, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) y su coordinador, Jorge Guzmán, manifestaron su respaldo a Suntracs, que es víctima, según explicó, de los caprichos y las políticas de persecución de la administración de José Raúl Mulino.

“Suntracs representa la vanguardia del movimiento popular y no se disuelve, se fortalece”, remarcó.

Durante la primera sesión de la audiencia contra Suntracs se presentaron pruebas testimoniales y documentales y se verificaron los testigos que serán aducidos por las partes.

El abogado Antonio Vargas, en representación de la organización sindical, fundada en 1972, precisó que mostraron más de cinco mil pruebas documentales debidamente legalizadas sobre el rol desempeñado por este colectivo.

En julio de 2025, la ministra Muñoz, presentó la demanda buscando la disolución del Suntracs.

Durante los meses previos, se habían llevado a cabo protestas masivas alrededor del país en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) en las que el sindicato jugó un rol activo.

La funcionaria señaló en ese momento al sindicato de que “bajo la fachada de una organización sindical se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos”.

El pasado año también se abrieron casos contra los dirigentes sindicales Genaro López, Saúl Méndez(exsecretario general), Erasmo Cerrud y Jaime Caballero. Tanto López como Caballero están bajo medidas cautelares en Panamá, mientras que Cerrud recibió asilo político en Nicaragua y Méndez en Bolivia, aunque posteriormente viajó hacia otro país.

Para el actual secretario general de Suntracs, Yamir Córdoba, todo este proceso se trata de una persecución política .

“Como Suntracs no se ha querido someter al gobierno actual, entonces se actúa de esta forma”, manifestó.

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