Morales afirmó en sus redes sociales que la normativa transformadora de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana hipotecable, responde a intereses vinculados al actual senador de la alianza Libre, Branko Marinkovic, su principal impulsor.
Citó el primer exmandatario boliviano indígena denuncias de la Fundación Tierra, las cuales critican la adjudicación de extensas superficies cultivables en Santa Cruz y advierten que estas áreas superarían los límites establecidos para evitar el latifundio.
Insistió Morales en que la norma pone en riesgo a pequeños propietarios, al permitir que sus tierras puedan ser utilizadas como garantía en operaciones financieras.
En su opinión, esta situación podría desembocar en la pérdida de esos predios.
Asimismo, argumentó Morales que el código contradice disposiciones constitucionales que establecen la inembargabilidad de la pequeña propiedad.
La aplicación de lo establecido en la ley promulgada el 8 de abril último por el presidente Rodrigo Paz, podría modificar las condiciones bajo las cuales los campesinos mantienen sus tierras sobre la base de la Constitución, advirtió.
Con estas declaraciones, el exmandatario se sumó a las más de 56 instituciones y personalidades que exigen la derogación de esta normativa por considerar que tendrá efectos negativos en el sector agrario al abrir las puertas al latifundio.
Este domingo, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, sostuvo que la Ley 157 no afecta a las tierras comunitarias y añadió que las críticas en torno a esta norma responden a procesos de desinformación que distorsionan su verdadero alcance.
A manera de justificación, expresó que el sector productivo, principalmente los pequeños productores (agrícolas, ganaderos, porcinos, avícolas, lecheros y hortícolas) realizan este pedido desde hace más de 15 años.
Reiteró que esta ley está dirigida exclusivamente a la propiedad privada y no alcanza a las tierras comunitarias de comunidades y pueblos originarios, las cuales cuentan con un tratamiento distinto en la Constitución Política del Estado.
El código fue rubricado en medio de denuncias de organizaciones campesinas e indígenas debido a la falta de socialización con los posibles afectados.
De su lado, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que pidió al Poder Ejecutivo devolver la normativa debido a la “ausencia de un proceso amplio, transparente, oportuno y participativo de socialización (…) con los sectores de pequeños productores agrícolas y ganaderos directamente involucrados”.
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