El conflicto se originó tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anticipar los comicios del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, con el argumento de prevenir posibles efectos del fenómeno de El Niño.
En el TCE, varias acciones fueron rechazadas o inadmitidas, sin embargo, el recurso de apelación presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) fue aceptado a trámite y deberá ser resuelto por el organismo.
Previamente, en otro caso, el juez del TCE Joaquín Viteri archivó el recurso interpuesto por Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), ya que la organización opositora está suspendida temporalmente del registro de organizaciones políticas.
Asimismo, el recurso presentado por el dirigente Pablo Ricaurte, vinculado al movimiento L.I.D.E.R., fue archivado por incumplimientos procesales, mientras permanece pendiente una acción impulsada por la Izquierda Democrática de la provincia de Sucumbíos.
Paralelamente, la disputa está en la Corte Constitucional, instancia donde se han presentado seis demandas de inconstitucionalidad contra la decisión del CNE de adelantar la fecha de las votaciones para elegir autoridades locales.
Entre los accionantes figuran asambleístas de la RC, representantes del PSC y otros actores que cuestionan la legalidad del cambio del calendario electoral.
Los demandantes sostienen que el nuevo cronograma vulnera la seguridad jurídica, afecta los derechos de participación política y rompe la periodicidad electoral establecida en la normativa vigente.
También argumentan que ni la Constitución ni el Código de la Democracia facultan al CNE para modificar la fecha de los comicios una vez definido el cronograma, y cuestionan el uso de proyecciones climáticas como sustento de la decisión.
Hasta el momento, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la admisión de estas acciones ni tiene fecha límite para hacerlo, lo que mantiene el proceso electoral en un escenario de incertidumbre jurídica.
Entretanto, el calendario adelantado sigue en marcha y, por ahora, la fecha de los sufragios es el 29 de noviembre, cuando los ecuatorianos deberán elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Ante ese panorama, la suspendida RC, considerada la principal fuerza de oposición en el país, ejecuta una estrategia que incluye la desafiliación masiva de sus cuadros para que puedan postularse en representación de otros partidos.
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