Mediante un comunicado, ese órgano divulgó que, en consecuencia, quedó integrada la IX Magistratura, mientras reiteró su compromiso de ejercer sus funciones con apego a la Carta Magna, al garantizar la superioridad de ese documento y la protección de los derechos fundamentales.

Su primera presidenta, Gladys Annabella Morfín, adelantó en entrevista al estatal Diario de CentroAmérica que tenía previsto conversar con los magistrados, convocar al Pleno con el objetivo de conocernos un poco más en términos laborales.

“Todos somos colegas y sabemos quiénes somos; sin embargo, el gremio ha crecido tanto que a los dos designados por el Consejo Superior Universitario no tenía el gusto de saludarlos”, añadió la abogada y notaria, graduada de la Universidad de San Carlos.

Esa será una de las primeras cosas: intercambiar opiniones sobre la doctrina legal que ha venido presentando CC en algunos fallos y la necesidad de que revisemos los criterios que se han sustentado, porque creo que en algunos aspectos ha ampliado mucho sus competencias, subrayó.

La exministra de Trabajo y Previsión Social (de 1993 a 1996) consideró la necesidad de resolver únicamente los casos que lleven implícita una violación a la Constitución.

Manifestó el compromiso en primer lugar con la transparencia, luego probidad y muy por encima de esas dos: legalidad.

Morfín, la de mayor edad y quien estará al frente por un año, recordó que es un organismo colegiado y, por consiguiente, las decisiones se toman por mayoría (tres de cinco magistrados).

Estimó que tendrán que realizar un esfuerzo importante con los letrados para que sacar “la mayor parte de esa presa de expedientes” (alto número de amparos acumulados).

Las críticas hacia la anterior CC en Guatemala no se limitaron a un solo evento, sino a una percepción acumulada sobre cómo utilizó la justicia para proteger intereses particulares, de acuerdo con analistas locales.

La expectativa y el escrutinio público son altos, añadieron, con retos que van desde la recuperación de la independencia y credibilidad, defensa del Estado de derecho, hasta garantizar que los jueces y magistrados de cortes inferiores puedan trabajar sin temor a represalias por sus fallos.

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