La protesta comenzó el miércoles último en la localidad de Porvenir, a 33 kilómetros de Cobija, capital del departamento de Pando, y fue convocada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos junto a representantes de pueblos indígenas yaminahua, machineri, esse ejja, tacana, pacahuara y cavineño.
Según la normativa 157 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) puede transformar la categoría de pequeña propiedad de tierras tituladas a mediana, lo cual permitirá a los productores, según el Gobierno, acceder a créditos sobre la base de hipotecar esas superficies cultivables.
Los adversarios de esta disposición advierten que puede afectar a los territorios comunitarios de los pueblos indígenas originarios y campesinos y favorecer la concentración de tierras en manos de grandes latifundistas.
El 8 de abril último el presidente Rodrigo Paz promulgó esa norma en Santa Cruz de la Sierra ante grandes empresarios del sector agropecuario, con el argumento de que facilitará el acceso a financiamiento para pequeños productores.
De su lado, la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) expresó su respaldo a la marcha.
El titular de la Cipoap, Javier Fernández, sostuvo que el pronunciamiento exige la “anulación inmediata de la Ley 157 por ser una norma abierta e inconstitucional, que atenta contra el régimen agrario y debilita la protección de los territorios indígenas y campesinos”.
Por su parte, la Fundación Tierra consideró que la normativa no beneficiará a la mayoría de los pequeños productores, sino principalmente a sectores agroindustriales consolidados, en especial a la oligarquía del oriente del país.
El especialista en temas agrarios Álvaro Céspedes, vinculado al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, aseguró que la ley representa “uno de los retrocesos más graves y silenciosos del régimen de tierras en Bolivia desde la Reforma Agraria de 1953”.
La Ley 157 fue rubricada en medio de denuncias de organizaciones campesinas e indígenas, además de instituciones que trabajan sobre el tema agrario y campesino, debido a la falta de socialización con los posibles afectados y un pedido expreso de la Defensoría del Pueblo sobre el tema.
Esta última institución emitió un pronunciamiento en el que pidió al Poder Ejecutivo devolver la normativa debido a la “ausencia de un proceso amplio, transparente, oportuno y participativo de socialización del Proyecto de Ley número 157 con los sectores de pequeños productores agrícolas y ganaderos directamente involucrados”.
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