La acción fue ingresada ante la Corte Constitucional por el economista Andrés Albuja y quedó bajo conocimiento del juez Alí Lozada Prado, con el objetivo de suspender la resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador que oficializó el impuesto.

La medida del presidente Daniel Noboa dispone duplicar la tasa vigente del 50 por ciento bajo el argumento de que desde Bogotá no existe suficiente cooperación en materia de seguridad fronteriza.

Según la demanda, el incremento arancelario vulnera principios constitucionales como la integración regional, al afectar la estructura de la Comunidad Andina.

Asimismo, advierte sobre impactos en la seguridad energética, al señalar que la medida provocó la suspensión de la interconexión eléctrica con Colombia.

Además, sostiene que la tasa podría incentivar el contrabando y el lavado de activos en la frontera norte, así como incrementar la contaminación por mayor uso de combustibles fósiles.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que podría retomar los diálogos con Colombia luego de las venideras elecciones en ese país, en medio de la creciente disputa comercial entre ambos países.

“No tengo gran esperanza de que (Gustavo) Petro cambie ni de que haga lo que debería hacer, que es proteger su frontera sur”, afirmó el mandatario, que insistió en que la relación bilateral debe regirse por criterios de reciprocidad, tanto en materia de seguridad como en el ámbito comercial.

Bogotá desistió de gravar los bienes ecuatorianos en respuesta a la decisión de Quito, y el presidente Petro indicó que habrá excepciones para productos necesarios para los colombianos.

La aplicación de los aranceles por Quito comenzó el 1 de febrero, pero las tensiones bilaterales aumentaron la semana pasada después de que Petro calificó como preso político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que permanece en una cárcel de máxima seguridad.

Noboa consideró esas declaraciones como un “atentado a la soberanía” y llamó a consultas a su embajador, mientras Petro también convocó a su representante en Quito y deslizó la posibilidad de salir de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

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