Varios medios de prensa del gigante sudamericano, como Agencia Brasil y Folha de S.Paulo, reportaron que el exparlamentario se encuentra bajo custodia del estadounidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero sin precisar el lugar.

Ramagem aparece en el centro de investigaciones vinculados a los hechos posteriores a las elecciones de 2022 y dicho intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que orquestó su predecesor Jair Bolsonaro.

Ahora, apuntaron las informaciones periodísticas, el nombre del exdiputado vuelve a la atención pública en medio de un proceso que involucra condenas, apelaciones, pedidos de extradición y una trayectoria política ligada al entorno del otrora mandatario.

De esa manera, agregaron, y sin exponer las circunstancias precisas de la detención, el caso permanece bajo estricta reserva de las autoridades norteamericanas.

El Gobierno brasileño solicitó formalmente la extradición de Ramagem a finales de diciembre pasado, mediante su embajada en Washington, tras la inclusión en la lista de fugitivos buscados por la Policía Internacional.

Tal solicitud fue remitida al Departamento norteamericano de Estado en un proceso que esta vez, manifestaron los reportes, podría verse influido por la condición de detenido bajo custodia migratoria.

En septiembre de 2025, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a Ramagem a 16 años, un mes y 15 días de prisión por delitos como intento de golpe de Estado, organización criminal y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho.

Según las acusaciones, el exdiputado habría participado en la articulación política e institucional de una estructura destinada a cuestionar el resultado electoral (victoria de Lula) y a socavar la transición pacífica del poder.

Después de la condena y pese a tener restricciones judiciales para salir del país, Ramagem abandonó Brasil al cruzar la frontera con Guyana y abordar un vuelo hacia Estados Unidos con un pasaporte diplomático que no fue retenido por las autoridades.

Mantuvo actividad procesal remota, pues en febrero pasado testificó por videoconferencia ante el STF en una fase del proceso penal relacionada con el presunto uso irregular de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante su gestión como director de esa entidad de 2019 a 2022, en el gobierno de Bolsonaro.

Durante esa audiencia, quien también fue delegado de la Policía Federal y apartado de tal condición por la sentencia en su contra negó la utilización del organismo para espionaje político y ratificó declaraciones previas presentadas ante la justicia.

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