Frente al Teatro Nacional, en el cual se desarrolló el acto protocolar de ascenso al cargo de los togados titulares y suplentes hasta 2031, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil reiteraron las irregularidades en el proceso de ese centro y exigieron anularlo.
Participantes portaban carteles con frases como “Por el honor y la justicia”, “La lucha sigue”, “No al fraude”, mientras unos declararon que confiaban en el alto tribunal y en su actuar con legalidad y honor.
Al lugar llegó Rodolfo Chang, de la agrupación Dignidad y Rescate USAC, quien el pasado miércoles 8 frente al hotel Santo Domingo de Antigua Guatemala devino rector simbólico con 80 votos de cuerpos electorales que no fueron acreditados a la cita de ese día.
Mediante un comunicado leído ante los presentes, el académico y defensor de la institucionalidad de la casa de altos estudios (la única pública del país) señaló que lo ocurrido fue un fraude disfrazado.
“Esto no es una disputa interna, ni la inconformidad de quien perdió una elección. Es una señal de qué tan profundo ha llegado la captura institucional en Guatemala, y del poco valor que muchos funcionarios le tienen al Estado de derecho y al cumplimiento de las leyes», afirmó.
La USAC no es un asunto universitario menor, sino que se debe tomar en cuenta que la casa de estudios participa en la integración de comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia, la de Apelaciones, el Tribunal Supremo Electoral y el Fiscal General, recordó.
Además, designa dos magistrados a la CC, la misma que cerca, en la Gran Sala Efraín Recinos asumió funciones con la asistencia de autoridades de los tres organismos del Estado, incluidos el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.
“La USAC tiene influencia directa sobre quiénes van a gobernar la justicia de este país”, acotó Chang, quien enfatizó además que lo que resuelva ese alto tribunal en los próximos días importa mucho más allá del campus universitario.
Esta nueva Corte tiene ante sí una oportunidad genuina e histórica de tomar el otro camino, aseveró la figura, voz crítica frente a la actual administración de la universidad.
A Mazariegos se le cuestionaba ya por la legitimidad del proceso del 2022 y también se le acusa de ser el brazo operativo dentro de la educación superior de grupos políticos y judiciales que buscan garantizar la impunidad.
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