Según reportes de la prensa local, en el Mercado Central de Guayaquil, los comerciantes ajustan sus ventas para enfrentar el aumento de costos sin subir precios de forma directa, o sea, optan por reducir cantidades ante el encarecimiento de la mercadería.
“Antes vendía por un dólar 15 cebollas, ahora 10, y más pequeñas. El saco lo comprábamos en 15 dólares, ahora está en 45”, dijo una vendedora al portal digital Primicias.
Desde el pasado domingo, las estaciones de servicio en Ecuador venden el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís (bajo octanaje) a 3,02 dólares, un incremento del cinco por ciento, máximo permitido, en relación con su costo el mes pasado, que era de 2,89 dólares.
Por su parte, la gasolina Súper Premium 95, cuyo precio no tiene límite regulado y se rige por el mercado internacional, subió a 4,57 dólares, lo que representa un incremento de 1,16 dólares, mientras que el diésel pasó de 2,82 a 2,96 dólares el galón.
En septiembre del 2025, Noboa eliminó el subsidio al diésel, lo cual generó un paro con protestas del movimiento indígena durante un mes, fundamentalmente en la sierra central, a pesar de que el mandatario ofreció compensaciones temporales a los transportistas.
Ese gremio rechazó el nuevo incremento de los precios de los combustibles y advirtió sobre el impacto en sus costos operativos.
“El subsidio medianamente alcanza para cubrir lo que es el combustible, pero no se ha considerado el tema de la canasta de repuestos”, afirmó el dirigente de la Federación de Transporte en la provincia de Pichincha Carlos Brunis.
Los choferes de carga y pasajeros afirmaron este martes en rueda de prensa que la compensación estatal resulta insuficiente para sostener el funcionamiento de sus unidades
Por otro lado, organizaciones sindicales y sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), advirtieron que el aumento encarece el transporte, la producción y la distribución de alimentos, con efectos acumulativos en el costo de vida.
El movimiento indígena atribuyó la medida a directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el Ejecutivo afirma que se debe a la situación geopolítica y a las tensiones en Medio Oriente.
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