La iniciativa contempla la revisión de mochilas y bolsos en la entrada de los establecimientos, aumentar las facultades a los profesores para aplicar “acciones correctivas y disciplinarias”, así como sancionar a quienes provoquen la interrupción de clases, entre otras medidas.

Además, establece como requisito para acceder a la gratuidad en la universidad no haber sido condenado por delitos que afecten la vida, la integridad física o psíquica, ni la propiedad o infraestructura pública.

El texto fue aprobado en general por 10 votos a favor y tres en contra y mañana debe discutirse artículo por artículo hasta su total despacho para ser enviado al plenario de la Cámara el lunes 20 de abril.

Según el presidente José Antonio Kast, el texto una vez convertido en ley impedirá la repetición de hechos como el asesinato de una auxiliar en un colegio de la ciudad de Calama, que fue perpetrado por un alumno.

No obstante, varias voces alertan que la propuesta se queda nada más en los aspectos punitivos del problema y no atiende sus causas más profundas.

El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, afirmó que no hay una sola mención a uno de los principales focos del flagelo, que es la salud mental.

Agregó que hoy día la educación es tediosa, agobiante, presiona mucho por los rendimientos, pero se despreocupa de las personas.

La académica de la Universidad de O’Higgins, María Paz Trebilcock, apuntó que iniciativas como Escuelas Protegidas obedecen nada más a una lógica punitiva y no atacan el problema de fondo y es que la violencia no surge de manera aislada, sino está vinculada a procesos sociales amplios.

El diputado socialista Juan Santana dijo este miércoles que, en cuatro años, cuando se haga una evaluación de los resultados, no habrá ningún avance en materia de convivencia escolar porque se optó por reiterar una fórmula ya fracasada.

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