La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió esta determinación a menos de seis días de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos, entre ellos La Paz, donde el TSE daba como ganador al aliado del Ejecutivo nacional, Revilla.
Esa decisión establece la paralización provisional de los efectos de las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), criticadas por el accionante.
La decisión establece, además, la notificación a los miembros del TSE para su participación en el proceso.
De acuerdo con Daniel Tintaya, abogado de Yahuasi, “se ha dispuesto la suspensión de toda proclamación por parte del TSE hasta que se resuelva este amparo constitucional”.
El amparo busca dejar sin efecto las resoluciones 064/2026 y 01266/2026, mediante las cuales el TSE dio curso a la declinatoria del partido Nueva Generación Patriótica (NGP) a participar en el balotaje del 19 de marzo en La Paz, donde debían competir Yahuasi y Revilla por la gubernatura paceña.
La defensa sostiene que esa determinación vulnera derechos políticos tanto del candidato Yahuasi como de los votantes.
“Se tiene que establecer que el TSE ha obrado de forma ilegal (…). Se deben dejar sin efecto esas resoluciones”, sostuvo Tintaya al destacar la importancia de que ya se activaron las medidas cautelares mientras queda resuelto el fondo del proceso.
La resolución de la sala constitucional aclara que la suspensión es de carácter temporal y no afecta la realización en otros departamentos del balotaje previsto para este 19 de abril.
Una audiencia pública para analizar el caso fue programada para este 16 de abril a las 08:30 hora de Bolivia, y se desarrollará de manera virtual, según se informó.
En ella, la Justicia deberá definir si mantiene o revoca las medidas adoptadas.
De su lado, Yahuasi anunció el inicio de una marcha desde su provincia natal, Camacho, a partir de este miércoles en defensa de la democracia, el esclarecimiento de la importación y distribución del denominado “combustible” basura que dañó a miles de motores y por la derogación de la Ley 157, que, según los críticos, abre las puertas al latifundio.
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