La entidad aclaró que el combustible pertenece a la comercializadora Vitol y no a la estatal Petroliam Nasional Bhd (Petronas), ni al Gobierno malasio.
El dispositivo utilizado para publicar el contenido fue incautado como parte de la investigación.
Según la MCMC, hasta el 14 de abril se han abierto 47 expedientes relacionados con la propagación de noticias falsas sobre la crisis energética mundial en redes sociales y medios digitales, tras el conflicto en Asia Occidental.
Entre los rumores detectados figuran supuestos aumentos de precios de combustible y electricidad, pagos de peajes por buques malasios en el estrecho de Ormuz y subsidios BUDI95 otorgados a ciudadanos singapurenses.
La investigación se realiza bajo el artículo 233 de la Ley de Comunicaciones y Multimedia de 1998, que contempla multas de hasta 500 mil ringgit, equivalente a 126 mil 500 dólares estadounidenses, o penas de prisión de hasta dos años.
La MCMC subrayó que considera grave cualquier intento de engañar al público mediante plataformas digitales y advirtió que aplicará medidas estrictas contra los infractores.
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