De acuerdo con el informe de la oficina en esta capital de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de esta manera el istmo se suma a la lista de parlamentos —Chile, España, Guatemala, México y República Dominicana— que ya han asumido este compromiso en el marco de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria.
El Pacto es el instrumento político central de dicha Alianza, conformada por los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y la Alianza Parlamentaria Portuguesa por la Seguridad Alimentaria.
Creada en 2024 con el respaldo del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, precisa el reporte, la Alianza cuenta con el apoyo de la FAO, a través del programa Mesoamérica sin Hambre.
Al suscribir el Pacto “Alimentación Primero”, el legislativo se compromete a impulsar una agenda en favor de la alimentación adecuada, supervisar que los recursos destinados a este fin sean bien utilizados, incorporar al poder ejecutivo y a la sociedad civil en este esfuerzo.
También el pacto establece la obligatoriedad de presentar anualmente un informe sobre los avances alcanzados, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo de Hambre Cero.
El Frente Parlamentario panameño llega a este compromiso con trabajo legislativo ya adelantado, en particular, el Proyecto de Ley 396, que establece medidas para la prevención de pérdidas y el desperdicio de alimentos.
Estadísticas de FAO ilustran la urgencia de este tipo de medidas: en Panamá, más de 200 mil personas padecen hambre, lo que representa el 5,7 por ciento de la población nacional, mientras que alrededor de 350 toneladas de alimentos se desechan cada día.
Además, el país presenta un 71.7 por ciento de exceso de peso en adultos, con más de 35 por ciento de obesidad, muy por encima de la prevalencia regional (29.9 por ciento) y mundial (15.8 por ciento) reportado en los más recientes informes.
El Pacto “Alimentación Primero” se enmarca en un contexto regional que demanda acción sostenida. América Latina y el Caribe registra la dieta saludable más costosa entre todas las regiones del mundo: más de 181 millones de personas no pueden acceder a ella.
Según esos estudios, la inseguridad alimentaria afecta a una de cada cuatro personas, con mayor impacto en las mujeres, y la obesidad en adultos roza el 30 por ciento, casi el doble del promedio mundial.
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