“No tiene sentido dialogar después que el proyecto 157 (hoy Ley 1720) fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz sin socialización”, afirmó el dirigente campesino del departamento de Pando Édgar Carpio desde la localidad de Nuevo Horizonte.
Carpio rechazó de esa forma continuar el diálogo con las autoridades enviadas por el Gobierno nacional para que a cambio de varias propuestas quedara disuelta la protesta.
“La única solución a estas alturas es la anulación completa e inmediata de la Ley 1720, la culpa es del presidente Paz y del cabecilla Branko Marinkovic (terrateniente y senador impulsor del proyecto de normativa 157)”, proclamó Carpio al convocar a los siete restantes departamentos del país a unirse a la marcha.
Esta protesta comenzó el miércoles de la semana anterior en la localidad de Porvenir, a 33 kilómetros de Cobija, capital del departamento de Pando, y fue convocada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos junto a representantes de pueblos indígenas yaminahua, machineri, esse ejja, tacana, pacahuara y cavineño.
Faculta la normativa 1720 al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a transformar la categoría de pequeña propiedad de tierras tituladas a mediana, lo cual permitirá a los productores, según el Gobierno, acceder a créditos sobre la base de hipotecar esas superficies cultivables.
Los adversarios de esta normativa advierten que puede afectar a los territorios comunitarios de los pueblos indígenas originarios campesinos y favorecer la concentración de tierras en manos de grandes latifundistas.
El 8 de abril último, el presidente Rodrigo Paz promulgó esa norma en Santa Cruz de la Sierra ante grandes empresarios del sector agropecuario, con el argumento de que facilitará el acceso a financiamiento para pequeños productores.
Del lado contrario, la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) expresó su respaldo a la marcha.
Por su parte, la Fundación Tierra consideró que la normativa no beneficiará a la mayoría de los pequeños productores, sino principalmente a sectores agroindustriales consolidados, en especial a la oligarquía del oriente del país.
El especialista en temas agrarios Álvaro Céspedes, vinculado al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, en tanto, aseguró en un escrito que la ley representa “uno de los retrocesos más graves y silenciosos del régimen de tierras en Bolivia desde la Reforma Agraria de 1953”.
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