La acción de amparo fue presentada el 27 de marzo por el Sindicato Único de Patrones de Pesca Uruguay, la Asociación Uruguaya de Veterinarios de la Pesca y la Acuicultura, y la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Urugua.

También las asociaciones civiles Iniciativa Mar Azul Uruguayo y Costa Viva Rocha contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la petrolera estatal Ancap y la empresa CGG Services.

Los demandantes piden la detención de toda actividad de prospección sísmica hasta que se lleven a cabo estudios previos de la situación ambiental y biológica de las zonas marinas afectadas, que permitan una referencia para contrastar con los relevamientos realizados durante la prospección.

También demandan la exclusión de las áreas declaradas como sitios prioritarios de conservación, regulados por la ley de áreas protegidas.

Añaden en sus peticiones medidas de mitigación del daño ambiental, funcionamiento permanente de los instrumentos de medición acústica y procedimientos de detección y prevención del daño contra poblaciones de fauna marina, más allá de los que se contemplan actualmente, que son cetáceos, pinnípedos y tortugas.

Como medida complementaria, los accionantes plantearon la necesidad de compensar por los perjuicios materiales causados a los actores del sector vinculado a la pesca.

En la última audiencia, que se extendió por más de diez horas, declararon unos 10 testigos, principalmente técnicos de los organismos públicos demandados y el responsable del diseño de las autorizaciones ambientales de la empresa CGG.

Por parte de los demandantes, los biólogos marinos Omar de Feo y Paula Laporta y el veterinario especializado en pesca Daniel Gilardoni, subrayaron lo que consideran como falta de garantías suficientes para evitar daños ambientales significativos.

“Lo que se plantea acá no es la negativa a la investigación en torno al petróleo, sino la exigencia de criterios de precaución y de garantía que aseguren que no va a haber un daño ambiental y pesquero importante”, afirmó el abogado Hoenir Sarthou.

La empresa CGG Services ejecutó una primera fase de prospección sísmica en unos dos mil 500 kilómetros cuadrados y a partir de noviembre tiene previsto hacer una segunda etapa que abarcaría unos cuatro mil 500 kilómetros cuadrados.

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