En una maratónica sesión que se extendió hasta los primeros minutos de este viernes, el Legislativo acordó con 88 votos -de un total de 128 miembros- defenestrar a Marlon Ochoa y Mario Morazán, representantes de Libre en los dos principales órganos electorales del país.
Además de Ochoa y Morazán, magistrados propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), respectivamente, el Congreso Nacional removió a Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, suplentes de ese último ente.
Los cuatro altos cargos fueron acusados de atentar contra la democracia al intentar boicotear las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, según la denuncia impulsada en su contra por los derechistas partidos Nacional y Liberal, las dos fuerzas tradicionales de esta nación centroamericana.
“Esto no es un juicio político, este es un juicio altamente politizado contra quienes no fuimos cómodos”, sostuvo Morazán, el único de los imputados que decidió comparecer ante el pleno de la cámara legislativa.
“Soy absolutamente inocente porque he actuado conforme al derecho y a la justicia”, aseguró el magistrado del TJE.
Denunció que la Ley de Juicio Político aplicada por el Congreso es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y contraviene lo dispuesto por la Convención Americana.
Según invocó, el Estado de Honduras ignora la sentencia Gutiérrez Navas, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió reformar la normativa vigente por ser violatoria de los derechos fundamentales de los ciudadanos, recordó.
Insistió en que todo eso lo dijo la Corte IDH en la mencionada sentencia, en la cual pidió a este país reformar esa ley por ser contraria a la Convención Americana, alegó.
Morazán afirmó que el proceso promovido por el llamado bipartidismo (nacionalistas y liberales) responde a una “operación sistemática para eliminar la disidencia y una concentración de poder”.
El jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchamé, aseveró que la figura del juicio político se está utilizando como un instrumento de persecución contra quienes no se prestaron a validar las múltiples irregularidades que salpicaron los atropellados comicios de noviembre de 2025.
En una suerte de purga, el Legislativo hondureño destituyó ya por la misma vía al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, y forzó la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, ante la amenaza de ser sometida a un procedimiento similar.
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