El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete implicados en el hecho, identificados como Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, acusados de asociarse para interceptar y darle muerte a la víctima.

Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de desechos, murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña, luego de ser atacado por la turba.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hecho se originó tras un supuesto roce vehicular en la Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez. Sin embargo, la violencia mostrada por los motoristas llevó a la víctima a no detenerse, intentando evitar la confrontación.

La persecución se extendió por varios kilómetros, hasta que los agresores lograron interceptarlo en el Palacio de Justicia, donde el hombre buscó resguardo.

Allí fue acorralado y atacado, en un acto que, según el Ministerio Público, evidencia una acción coordinada con intención de matar.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato, mientras que la fiscal titular de Santiago de los Caballeros, Quirsa Abreu Peña, calificó el hecho como una conducta planificada y letal.

Las fiscales a cargo del caso reunieron pruebas materiales, testimoniales y videográficas que muestran a los implicados incitando al crimen con frases como “mátalo, mátalo”.

El Ministerio Público sostiene que no existen evidencias de que alguno de los motoristas resultara herido, desmintiendo así cualquier alegato de legítima defensa.

Entre otras pruebas, tiene en su poder el arma blanca, tipo cuchillo de caza, con el cual uno de los imputados le infringió una mortal herida en el miembro inferior derecho.

Los imputados enfrentan cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el asesinato.

Este hecho, ocurrido en un espacio que debería garantizar seguridad como el entorno judicial, reaviva el debate sobre la violencia colectiva y la impunidad en el país.

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